Protestas contra las bases de EEUU en Corea del Sur

Las bases militares estadounidenses en Corea del Sur se han convertido en objeto de controversia. La decisión del Ministerio de Defensa de Seúl de enviar una “un equipo de evaluación” a Oriente Medio para monitorizar la situación del estrecho de Ormuz ha sido el detonante de la polémica, donde una parte considerable de la opinión pública surcoreana lo interpretó como el primer paso hacia un despliegue operativo junto a Washington contra Irán. Desde entonces, las protestas se han concentrado frente al Yoon Gate de Camp Humphreys, en Pyeongtaek, a unos sesenta kilómetros al sur de la capital, considerada la mayor base militar estadounidense fuera de territorio estadounidense. Los manifestantes —organizados sobre todo por comités civiles, grupos universitarios y jóvenes, aunque también con presencia de ciertas organizaciones políticas— exigen que Corea del Sur no se vea arrastrada a las guerras de EEUU y reclaman una política exterior más autónoma, según explica Contropiano.

El gobierno de Lee Jae Myung se encuentra atrapado entre las presiones del aliado histórico y el descontento interno. Para intentar contener las críticas, la portavoz del Ministerio de Defensa, Chung Binna, aclaró que el equipo técnico enviado a la zona tenía como único objetivo “evaluar el marco político y de seguridad para garantizar la libertad de navegación”, pero la presión diplomática es evidente. A finales de julio, al margen del vertice ASEAN en Manila, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio recordó que “la seguridad de las rutas marítimas de Ormuz responde en primer lugar a los intereses de Seúl”, cuya economía manufacturera depende en gran medida del petróleo y el gas natural del Golfo. El dossier sobre Ormuz también estuvo sobre la mesa del Korea-US Integrated Defense Dialogue, el encuentro bienal de alto nivel sobre “seguridad” celebrado en Busan hace unos días, en el que participaron el viceministro de Defensa surcoreano Kim Hong Cheol y el subsecretario adjunto estadounidense George Lemeur.

Las manifestaciones no han sido la única expresión de descontento con las bases estadounidenses. A principios de agosto, ocho estudiantes universitarios —cuatro hombres y cuatro mujeres— afiliados a la Korean Progressive University Student Union (KPUSU) intentaron forzar los accesos e irrumpir en la base aérea de Osan (K-55), sede estratégica de la 7ª Fuerza Aérea estadounidense. Seis de ellos lograron penetrar más allá del portón principal y entonaron consignas hostiles a la presencia aérea estadounidense antes de ser reducidos por el personal de vigilancia militar y entregados a la policía local. Entre los motivos del malestar que esgrimen los jóvenes están también los riesgos ambientales ligados a las instalaciones del Pentágono, como un reciente episodio de fuga de fósforo blanco en el propio aeródromo de Osan. Según las reivindicaciones difundidas por la agrupación estudiantil, el asalto no solo denunciaba el militarismo estadounidense, sino también las injerencias de Washington en los proyectos industriales nacionales: en particular, la oposición de EEUU a la reubicación del aeropuerto de Gwangju, una pieza necesaria para construir el nuevo macro-polo nacional de semiconductores.

Corea del Sur ha sido durante décadas, en la práctica, un territorio militarmente ocupado por Estados Unidos, y sigue siendo un puesto de avanzadilla central del cinturón de control sobre el Pacífico. Las protestas de las últimas semanas, sin embargo, evidencian que las contradicciones de un mundo unipolar en disolución están removiendo algo también en la opinión pública surcoreana. Entre el rechazo a dejarse arrastrar a teatros bélicos lejanos y la exigencia de una política exterior más independiente, el gobierno de Lee Jae Myung tendrá que elegir entre complacer a Washington o a una población que cada vez tolera menos el papel subordinado de su país en la estrategia imperialista estadounidense.