Parlamento de Japón promulga ley para restringir donaciones a grupos religiosos

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Medida dirigida principalmente contra la Iglesia de la Unificación.

El Parlamento de Japón promulgó el sábado una ley para restringir las solicitudes dolosas de donaciones de grupos religiosos y de otro tipo, una medida dirigida principalmente contra la Iglesia de la Unificación, cuyas tácticas de recaudación de fondos y estrechos lazos con el partido gobernante han causado la indignación pública.

Los vínculos que el grupo religioso con sede en Corea del Sur ha tenido durante décadas con el Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, salieron a la luz tras el asesinato en julio del exprimer ministro Shinzo Abe.

El primer ministro Fumio Kishida, cuyo nivel de popularidad se ha desplomado, intentó sosegar la ira pública derivada de su manejo del escándalo y ha reemplazado a tres ministros del gabinete —uno por sus lazos con la Iglesia_, otro por un desatino relacionado con la pena capital y un tercero por problemas de financiamiento político.

La nueva ley, aprobada durante la sesión parlamentaria de clausura de este año, permite a los creyentes, otros donantes y sus familias buscar la devolución de su dinero y prohíbe a los grupos religiosos y otras organizaciones solicitar efectivo mediante coacción, amenazas o la vinculación de donaciones a la salvación espiritual.

Kishida, que ha conocido las experiencias de exadeptos, describió sus sufrimientos como “espantosos” y elogió la ley, a la que se refirió como un esfuerzo bipartidista para ayudar a las víctimas y sus familias.

La aprobación de la ley fue una de las principales prioridades de Kishida que incluyen la nueva estrategia de seguridad nacional y la política de defensa a fin de lograr un refuerzo sustancial de las fuerzas armadas del país en los próximos cinco años.

Kishida, que a principios de semana fijó los objetivos quinquenales del gasto de defensa en 43 billones de yenes (316.000 millones de dólares), dijo que su gobierno necesitará una cantidad extra anual de 4 billones de yenes (30.000 millones de dólares). De esa cantidad, una cuarta parte tendrá que ser financiada mediante aumentos de impuestos, detalló Kishida

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