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Los condenados se podrán enfrentar a penas de hasta un año de cárcel y 300.000 yenes (2.120 euros)
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Los críticos con la medida han denunciado que los límites contra la libertad de expresión son muy finos
- Veinteañera, guapa y deportista de élite, reconocida por la lucha primero y después por el ‘reality show’ de moda. “Te quiero. Vive una larga y feliz vida. Lo siento”, colgó de madrugada en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su gato antes de intoxicarse con sulfuro de hidrógeno. Hana Kimura recibía un centenar de mensajes diarios de toxicidad variada: calificaciones de «gorila», recordatorios de su sangre indonesia, deseos de muerte…
La enmienda del código penal aprobada esta semana responde a aquel suicidio que dos años atrás sentó al país en el diván. Japón castigará con penas de hasta un año de cárcel y 300.000 yenes (2.120 euros) los insultos en las redes sociales. Las buenas intenciones no se discuten. Moderniza las leyes del mundo analógico y sienta la distancia entre un inocuo y efímero insulto en la calle y otro que participa de una lapidación colectiva con rastro indeleble en las redes sociales.
Tampoco se discuten los riesgos que una aplicación escrupulosa supone para la libertad de expresión. Contra la ley han clamado organizaciones de abogados y la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional, que solo secundó la iniciativa del Gobierno conservador tras incluir una revisión en tres años para medir sus efectos. Inquieta la vaguedad del concepto de insulto. El código penal, que lo define como la degradación pública de la posición social de otro sin referirse a acciones concretas, no resuelve el misterio. ¿Bastará con un simple “cretino” para acabar entre barrotes? La ley también podría desincentivar las críticas al gobierno o a los poderosos, con amplios bolsillos para afrontar dilatados procesos judiciales. Y el anonimato en las redes sociales facilita, al fin y al cabo, el flujo de ideas de los que temen expresarse en público.
