. Tras su aprobación, se abre un periodo de «unos dos años» en el que la reforma podrá ser disputada en el tribunal constitucional del país, según explicó a la agencia
entre dicha corte y el Gobierno y cree que acabará siendo implementada.
De seguir adelante con el texto aprobado, los insultos al presidente estarán castigados con tres años de cárcel y las relaciones extramaritales, con uno. Los cambios afectarán tanto a la población indonesia como a los extranjeros residentes en el país, así como a los
turistas que visiten una nación con destinos tan populares como la isla de Bali.
La reforma ha generado protestas desde que se hizo amago de aprobarla en 2019, cuando se paralizó debido a las masivas manifestaciones que se desataron. Ayer, tras la luz verde, decenas de personas volvieron a protestar contra ella frente al Parlamento en Yakarta.
Casi un centenar de ONG, por su parte, denunciaron en un comunicado que su contenido es «antidemocrático» por la supresión de libertades que conlleva, en la que supone la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945. Sus detractores condenan la «islamización» del país de mayoría musulmana, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).
La reforma incluye por primera vez la consideración de apostasía como un crimen y expande las leyes ya existentes contra la blasfemia, urgiendo a perseguir a quienes expresen opiniones públicas o cometan «actos hostiles» contra las religiones profesadas en Indonesia con hasta cinco años de cárcel. Además, también prohíbe las protestas pacíficas sin permiso previo, castigables con hasta seis meses de cárcel.
Golpe a las libertades
«Lo que estamos presenciando es un golpe significativo al progreso obtenido con mucho esfuerzo en proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Indonesia durante más de dos décadas», afirmó en un comunicado hoy el director de AI Indonesia, Usman Hamid.
«No nos llevemos a engaño, la aprobación de este código penal es el principio del desastre absoluto para los derechos humanos en Indonesia», dijo por su parte a Efe Andreas Harsono, portavoz de Human Rights Watch en Indonesia.