domingo, septiembre 13, 2026

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Indonesia permitirá que el gobierno central preste a autoridades locales y empresas estatales

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Indonesia ha elaborado nuevas normativas que permitirán al gobierno central otorgar préstamos a autoridades locales y empresas estatales con el objetivo de respaldar los proyectos de desarrollo del país.

Según una copia de la nueva regulación, firmada el mes pasado pero dada a conocer esta semana, dichos préstamos podrán concederse tras considerar los riesgos potenciales, así como la capacidad financiera del gobierno central.

La política está diseñada para proporcionar financiación más barata a proyectos de infraestructura del gobierno central y otros programas de desarrollo ejecutados por los gobiernos provinciales y distritales, según señala el documento.

El presidente Prabowo Subianto ha recortado los fondos de «autonomía regional» que se transferirán a los gobiernos locales en 2026 a 693 billones de rupias (41,82 mil millones de dólares), una reducción del 20 %, decisión que ha generado críticas por parte de líderes provinciales y distritales.

Los líderes locales han señalado que podrían verse obligados a aumentar los impuestos locales para compensar el déficit, lo que temen que pueda provocar protestas.

Prabowo ha reducido las transferencias del próximo año a los gobiernos locales para dar espacio a sus políticas prioritarias, incluido un programa emblemático para proporcionar comidas gratuitas a 83 millones de niños y mujeres embarazadas.

También ha buscado incrementar el gasto en defensa, manteniendo al mismo tiempo el déficit fiscal anual por debajo del techo legalmente vinculante del 3 % del PIB.

Cualquier préstamo será financiado por el presupuesto del gobierno central, deberá ser aprobado por el parlamento y tendrá un plazo superior a 12 meses. Además, cualquier préstamo propuesto por un gobierno local también deberá ser aprobado por su propio parlamento.

Los prestatarios deberán demostrar métricas financieras saludables y, en el caso de empresas estatales, necesitarán la aprobación de los accionistas.

El gobierno central también impondrá multas por pagos atrasados, fijadas de acuerdo con un acuerdo previo con el prestatario.

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