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Human Rights Watch (HRW) no ve «creíble» que Filipinas investigue por su cuenta las miles de muertes que conllevó la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, después de que Manila anunciara que corta la comunicación con la Corte Penal Internacional, que estudia si se cometieron crímenes de lesa humanidad.
«No es creíble que Filipinas investigue seriamente la guerra contra las drogas por la alianza de los Marcos con los Duterte. No hay voluntad política», dijo a EFE este miércoles el director de HRW en Asia, Phil Robertson.
El actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., anunció el martes que su país «se desvinculará de cualquier contacto» con la Corte Penal Internacional (CPI), después de que La Haya rechazara la apelación del Gobierno de frenar la investigación de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), que segó la vida de unas 30.000 personas según varias oenegés.
Hasta ahora, el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien gobierna desde el pasado 30 de junio en tándem con la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha negado la entrada al país de los investigadores de la CPI y ha reiterado que «no tiene intención» de reincorporar a Filipinas al organismo.
Filipinas buscaba hasta la fecha agotar los recursos legales para abortar las pesquisas de la CPI, que investiga a Duterte y algunos altos mandos de su gobierno por posibles crímenes de lesa humanidad.
La corte rechazó el lunes nuevamente un recurso presentado por el Gobierno filipino, que alega falta de jurisdicción para investigar las muertes y sostiene que la Justicia filipina tiene medios para arbitrar la cuestión por sí sola.
Robertson, sin embargo, cree que las pesquisas realizadas hasta ahora son «absolutamente insuficientes», y demuestran la falta de voluntad política por parte del Gobierno de Marcos Jr. para investigar lo sucedido durante la violenta campaña antinarcóticos de Duterte.
El director de HRW en Asia precisó además que la CPI puede investigar las muertes incluso si Filipinas niega la entrada al país a La Haya, igual que ocurrió en Corea del Norte, Sri Lanka o Birmania.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, apuntó en la misma dirección al desconfiar de las investigaciones propias del Gobierno filipino, que considera «pequeñas, mínimas y sin progreso», en una entrevista concedida este martes al medio digital Rappler.
«Estas cuestiones deben ser objeto de las investigaciones adecuadas para determinar si el presidente Duterte cometió realmente un delito en virtud del derecho internacional y, si lo hizo, debe ser procesado», añadió Callamard. EFE
