Australia: desafíos medioambientales y derechos humanos en el centro del debate

Según el relator, las autoridades australianas están aparentemente comprometidas con la implementación de regulaciones más estrictas para abordar los riesgos asociados con productos químicos y la contaminación. Sin embargo, Orellana señala que, desde la perspectiva de las comunidades y la sociedad civil, estas acciones encubren una preocupante «captura del Estado» en beneficio de intereses mineros, petroleros, gasísticos, agroquímicos y de otras corporaciones poderosas.

Orellana también expresó su preocupación por las draconianas restricciones al derecho a la protesta pacífica en varios estados australianos, lo que, en su opinión, agrava la brecha entre el Estado y la sociedad. En su investigación, el relator especial descubrió que los vertidos tóxicos de las minas de carbón, centrales eléctricas de carbón, minas de uranio y la fumigación con pesticidas altamente peligrosos están imponiendo cargas significativas a las comunidades locales.

Además, señaló que proyectos propuestos, como la petroquímica en alta mar, fracturación hidráulica e incineración de residuos, plantean serios problemas sanitarios, hídricos, agrícolas y climáticos en el país. Orellana destacó que las normas de calidad del aire en Australia son menos protectoras que en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y algunas instalaciones han obtenido exenciones del cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lo que deja a las comunidades locales pagando el precio de la contaminación.

FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA

El relator especial también resaltó la desconexión entre empresas y trabajadores en Australia debido a la falta de acceso efectivo a la justicia en casos de incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo.

Una preocupación adicional identificada por Orellana es la brecha entre las autoridades y los pueblos indígenas. Los intentos del Gobierno para ubicar un depósito de residuos radiactivos han fracasado, dejando divisiones y tensiones en las comunidades. Además, las comunidades indígenas han sufrido la pérdida de vidas debido a la exposición a pesticidas peligrosos y la contaminación radiactiva.

El relator especial instó a Australia a armonizar su legislación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como un paso crucial hacia la reparación de las injusticias ambientales del pasado. Ahora bien, Orellana también elogió las prácticas de gestión de sustancias y residuos peligrosos en el país, incluida la prohibición de la exportación de ciertos tipos de residuos y la promoción de la economía circular. Incluso, aplaudió el liderazgo del país en acuerdos internacionales sobre productos químicos y residuos.

Finalmente, el relator especial destacó la importancia de las investigaciones parlamentarias y la ciencia ciudadana en el debate público y la toma de decisiones con conocimiento de causa. Señaló que la investigación parlamentaria actual sobre una ley australiana de derechos humanos es un paso importante hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el país, incluido el de un medio ambiente limpio, sano y sostenible. @mundiario