Australia celebrará un histórico referendo para reconocer en su Constitución a los aborígenes

Es un paso más para alcanzar lo que podría ser un reconocimiento histórico para los pueblos originarios de Australia.

El primer ministro Anthony Albanese presentó este jueves 23 de marzo la pregunta que se realizará a sus ciudadanos en un referendo que pretende modificar la Constitución para reconocer a los aborígenes y darles más peso político.

El líder del Ejecutivo afirmó que la consulta a la que tendrán que responder los australianos será: «Propuesta de Ley: alterar la Constitución para reconocer a los Primeros Pueblos de Australia estableciendo una Voz Aborigen y de los Isleños del Estrecho de Torres. ¿Aprueba usted esta propuesta de modificación?”

Aunque el texto de la pregunta primero deberá ser debatido y aprobado por el Parlamento en junio, está previsto que la consulta popular tenga lugar entre octubre y diciembre de este año. Se trata de uno de los pilares del programa que llevó a la victoria electoral a Albanese el año pasado.

El objetivo es realizar el primer cambio constitucional en más de 50 años en Australia. El país cuenta con una Carta Magna propia desde 1901 tras su independencia de Reino Unido, pero hasta el momento no reconocía a los pueblos originarios del continente como parte de la nación australiana. Todo esto a pesar de que en la actualidad representan algo más del 3% de los casi 26 millones de habitantes de la nación.

Un momento que ha tardado «mucho» en llegar para las poblaciones indígenas 

Albanese hizo el anuncio en medio de un emocionante discurso al país. «Cuando organizamos los diálogos en toda Australia, los pueblos indígenas afirmaron que no se les escuchaba ni se les oía. Hablaban de impotencia y falta de voz», resaltó el jefe del Ejecutivo australiano. «Pues bien este primer ministro, este Gobierno, ha escuchado de forma respetuosa, genuina y auténtica», concluyó.

Era una de sus principales promesas de campaña y ahora podrá llevarlo a cabo siempre que los australianos decidan aceptar ese cambio constitucional. Una modificación que, sin lugar a dudas, sería histórica por varias razones. La primera, por reconocer al fin a las poblaciones originarias en la Constitución y la segunda por darles un foro en el que puedan discutir sus problemas y hacer recomendaciones al Parlamento australiano.

Australia fue durante siglos una colonia británica de poblamiento fundamentalmente europeo. Miles de británicos e irlandeses migraron hacia este país en busca de una vida mejor y se establecieron sobre todo en las costas. El problema fue que los nuevos habitantes acapararon la tierra y fueron expulsando a los habitantes originarios de sus territorios, marginándolos y exterminándolos en muchos casos.

A pesar de que Australia obtuvo su independencia política a inicios del siglo XX, aunque siguieron formando parte de la corona británica y la Commonwealth, prácticamente no se produjeron cambios en el racismo contra los aborígenes. Estas comunidades no fueron consideradas personas hasta la década de 1960 y no pudieron votar hasta los años 80 del siglo pasado.

Además, durante el siglo XX sufrieron atrocidades de diversos tipos con el fin de controlarlos y eliminar cualquier tipo de vestigio de su cultura. Infinidad de menores fueron separados de sus padres de manera forzada y enviados con familias adoptivas blancas o a centros religiosos. Esta situación no cambió hasta 1970 y sólo en 2008 el entonces primer ministro Kevin Rudd se atrevió a pedir perdón por ellas. Una disculpa que no sirvió para frenar las demandas de cambio.

Que aparezcan en la Constitución es una victoria histórica tras años de marginación y de políticas erradas desde Canberra. Por ello, el actual equipo de Gobierno también ha querido dotar a estos pueblos de un órgano representativo propio que se llamaría Voz de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. En él estarían representados de forma paritaria pueblos originarios del continente australiano y del archipiélago del Estrecho de Torres.

El objetivo es que este instrumento trate todos los problemas a los que los diferentes pueblos se enfrentan y que elaboren informes de recomendaciones a Canberra para que los legisladores comiencen a actuar teniendo la base de qué es lo que sería mejor. Este organismo no tendría capacidad de veto ni de legislación y sería exclusivamente consultivo para el Parlamento.

Albanese y su Gobierno consideran que la falta de información sobre los problemas de estos pueblos es la causa por la que actualmente viven en condiciones socioeconómicas muy por debajo de las del resto de australianos. «Necesitamos urgentemente mejores resultados, porque la situación en la que nos encontramos en 2023 no es suficientemente buena», declaró Albanese a la prensa.

Los indígenas tienen un índice de desempleo del 52%, el alcoholismo está muy extendido entre sus comunidades, poseen una tasa de suicidio más alta y tienen una esperanza de vida de hasta 10 años menos que el resto de australianos. Además, se registran tasas de mortalidad infantil elevadas y desprotección social para personas con discapacidad.