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Tailandia comenzó a aplicar desde este viernes una nueva regulación que concede amplios poderes al ministerio de Interior, controlado directamente por el primer ministro, el conservador Anutin Charnvirakul, con el objetivo de agilitar las deportaciones de extranjeros que infrinjan la ley o alteren el orden público.
El reglamento, firmado ayer por Anutin, que también ocupa el cargo de ministro de Interior, y publicado anoche por la Gaceta Real, llega tras denuncias sobre el supuesto aumento de extranjeros en puestos de trabajo reservados por ley para tailandeses – entre ellos peluquero, guía turístico, masajista o taxista- e infracciones cometidas por turistas divulgadas en medios locales.
Según la normativa, el ministro de Interior podrá ordenar la deportación inmediata de ciudadanos extranjeros que entren en el país de manera ilegal, trabajen o dirijan negocios sin los permisos adecuados o comentan delitos con penas de prisión, entre otros.
«Se ha constatado que algunos extranjeros, incluidos aquellos que ingresaron de manera legal en el país, incurren en conductas que violan o incumplen la ley para beneficio personal o que son contrarias al orden público y la moral (…) Por lo tanto, es apropiado deportar a estas personas con prontitud», indica el texto.
La orden de deportación podría ir acompañada de una prohibición por un periodo indeterminado durante el cual el deportado no podría regresar al país.
La medida llega tras varias polémicas – surgidas, en su mayoría, en las redes sociales-, por la propiedad de terrenos por parte de extranjeros -algo reservado a los locales – y negocios utilizando empresas pantalla o testaferros.
En los últimos meses las autoridades han registrado numerosas viviendas y compañías ubicadas en localidades turísticas operadas por extranjeros, pero registradas a nombre de tailandeses -sin vínculo con la empresas- para darle una apariencia de legalidad.
El pasado fin de semana cinco españoles fueron expulsados a Malasia, el último punto desde donde entraron a Tailandia, por, según las autoridades locales, trabajar de manera ilegal al carecer de permiso laboral mientras eran empleados como instructores de buceo por una academia en la popular isla de Tao, sur del país.
La medida tiene lugar en un momento delicado para Tailandia: por un lado, el PIB del país creció un 1,9 % en el segundo trimestre del año, una cifra muy inferior comparada a la registrada ese periodo por países de la región como Vietnam (8,39 %) o Singapur (5,9 %), y que denota el estancamiento de la economía tailandesa.
Asimismo, el país uno de los destinos más turísticos de Asia, ha recibido entre enero y principios de agosto unos 18,5 millones de turistas, una caída de 3,2 % respecto al mismo periodo de 2025. EFE
