El país de Oceanía extenderá, además, la prohibición existente de exportaciones a Rusia sobre productos industriales.
Nueva Zelanda anunció este miércoles 6 de abril que impondrá nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania e indicó que las medidas se traducen en la “respuesta económica más significativa a la invasión rusa hasta la fecha”. El país de Oceanía aplicará un arancel del 35% a todas las importaciones de Rusia y extenderá la prohibición de exportación existente sobre productos estrechamente relacionados con industrias rusas estratégicas.”Las imágenes y los informes que surgen de las atrocidades cometidas contra civiles en Bucha y otras regiones de Ucrania son abominables y censurables, y Nueva Zelanda continúa respondiendo a los actos de agresión sin sentido de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta, en un comunicado del Gobierno. Las nuevas medidas entrarán en vigor el 25 de abril y enviarán “un mensaje claro de que Nueva Zelanda no financiará ni apoyará la maquinaria de guerra de Rusia”, señaló, a su turno, el ministro de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones, Damien O’Connor.
Putin y Moscú se enfrentan a críticas aún más vehementes por parte de la comunidad internacional después de que Ucrania acusara a las fuerzas rusas de cometer “genocidio” y “crímenes de guerra” en Bucha, una ciudad cercana a la capital, Kiev. Rusia ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de ser un “ataque de noticias falsas”. Argumentó que las imágenes de cadáveres y civiles asesinados, que han provocado la indignación mundial, son resultado de episodios acontecidos después de que las fuerzas rusas se retiraran de la ciudad.
”Estas sanciones comerciales, además de las otras medidas ya tomadas, funcionan en conjunto con Ucrania y los socios internacionales para ejercer la mayor presión posible sobre el régimen de Putin para que cese las hostilidades”, agregó el Gobierno en el comunicado. Mahuta detalló que Nueva Zelanda también se ha unido a otros 41 países para apoyar el pedido de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre los “crímenes de guerra y las atrocidades cometidas contra civiles inocentes” por parte de Rusia.