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Miles de manifestantes han salido a la calle este jueves en el sur de Yakarta, la capital de Indonesia, para protestar frente al Parlamento y exigir mayores reformas políticas y sociales que permitan poner fin a los casos de corrupción, una de las principales preocupaciones de la población.
Las protestas, que han comenzado sobre las 14.00 horas (hora local), están encabezadas por miembros de la alianza Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), que incluye grupos de estudiantes y la sociedad civil, quienes han desplegado pancartas en las que se pide «evitar que los corruptos acaben con el país».
Así, han trazado un plan de diez demandas y han pedido al presidente, Prabowo Subianto, y el vicepresidente, Gibran Rakabuming Raka, que rindan cuentas por haber sacado adelante políticas que «expanden el papel de los militares, debilitan la economía y exacerban la desigualdad».
Además, han pedido al Gobierno «analizar» y poner fin al programa gratuito de alimentos, que ha generado la polémica a nivel internacional debido a las múltiples olas de intoxicaciones alimentarias que han afectado a miles de niños y a los recortes presupuestarios aplicados a otras políticas públicas para poder financiarlo.
«No estamos aquí para actuar como anarquistas y no somos violentos. Estamos aquí para alzar la voz y mostrar cuáles son nuestras aspiraciones», ha señalado Haerul Alam, de la GERAM, que ha reivindicado una manifestación pacífica a pesar de que varios de los presentes han escalado la valla de seguridad del complejo del Parlamento, según informaciones de la cadena CNA.
Por su parte, la Alianza Comunitaria Unida de Pati (AMPB) también ha convocado una protesta para exigir la aprobación del proyecto de ley de confiscación de bienes y el establecimiento de la pena de muerte para los condenados por corrupción.
La Ley de Confiscación de Bienes busca permitir que el Estado rastree, bloquee, incaute y confisque bienes vinculados a delitos económicos y corrupción sin necesidad de una condena penal previa, pero actualmente está siendo debatida en la Cámara de Representantes, que aspira a aprobarlo antes de diciembre.
