Malasia separa los roles de Fiscal General y Fiscal Público en una histórica reforma judicial

El gobierno lleva al Parlamento la largamente esperada propuesta para garantizar la independencia en las decisiones de procesamiento penal en una reforma judicial histórica.

El gobierno de Malasia impulsa una de las reformas legales más trascendentales de su historia: la separación de los cargos de Fiscal General (AG, por sus siglas en inglés) y Fiscal Público (PP). A continuación, una guía simplificada sobre los principales alcances de esta iniciativa.

Dos funciones, dos personas distintas

Hasta ahora, el Fiscal General de Malasia concentraba un doble rol: actuar como principal asesor jurídico del gobierno y, al mismo tiempo, decidir si se inician o archivan causas penales. Esta acumulación de funciones generó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre la independencia del órgano acusador, especialmente en juicios de alto perfil que involucran a políticos o altos funcionarios. Con la reforma, ambas responsabilidades recaerán en personas distintas: el PP asumirá la asesoría en materia penal, la facultad de decidir sobre procesamientos y el rol que actualmente tiene el AG en los procesos de indulto.

¿Quién designa a cada uno?

El Yang di-Pertuan Agong (rey de Malasia) nombrará a ambos funcionarios, pero con un criterio diferente para cada cargo. En el caso del AG, el primer ministro podrá «recomendar» al candidato. Para el PP, en cambio, los políticos —incluido el propio jefe de gobierno— no tendrán injerencia en la designación. Será la Comisión de Servicios Judiciales y Legales (JLSC) la encargada de proponer candidatos al Agong, con el objetivo expreso de blindar el cargo de interferencias políticas.

Requisitos y condición del PP

Para acceder al cargo de Fiscal Público se requerirán al menos diez años de experiencia en litigación judicial. Jueces retirados, abogados y funcionarios del Estado con ese historial podrían ser elegibles. Tanto el AG como el PP quedarán formalmente fuera de la Función Pública, de manera similar a como ocurre con los magistrados de los tribunales superiores.

Remuneración

Actualmente, es el Agong quien fija el salario del AG. Con la nueva legislación, será el Parlamento el que establezca mediante ley federal la retribución de ambos cargos, cuyo pago provendrá del Fondo Consolidado del Estado, de manera análoga a la remuneración de los jueces.

Duración del mandato y garantías de estabilidad

El proyecto de ley establece un mandato de siete años para el PP. Aunque el texto no menciona explícitamente la posibilidad de renovación, la ministra responsable de la reforma, Datuk Seri Azalina Othman Said, señaló que sería posible mediante una solicitud y una nueva evaluación ante la JLSC. Durante el ejercicio de su mandato, el PP gozará de estabilidad en el cargo: no podrá ser destituido arbitrariamente.

Mecanismo de destitución

La remoción del PP contempla tres etapas: el Agong recibe una solicitud formal de destitución; el Agong constituye un Tribunal para examinar el caso; y, finalmente, el Agong puede proceder a la destitución si el Tribunal así lo recomienda. Esta protección es comparable a la que la Constitución federal otorga a los magistrados del Tribunal Federal.

Reestructuración de la JLSC

La reforma también rediseña la composición de la Comisión de Servicios Judiciales y Legales, que adquirirá nuevas atribuciones: podrá proponer candidatos para el cargo de PP, así como su remoción o suspensión. Entre los nuevos integrantes permanentes figurarán el propio PP, dos jueces superiores que supervisan los tribunales de instancia inferior y el Procurador General (Solicitor General), quien asumirá las funciones de dirección del servicio judicial y legal que hasta ahora correspondían al AG.