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El Parlamento de Japón ha aprobado este miércoles una ley para crear una agencia nacional de Inteligencia centralizada que aúne los trabajos y operaciones de las diferentes oficinas de investigación existentes, lo que supone un cambio histórico que ha sido criticado por la oposición.
Así, esta nueva oficina tendrá como objetivo sumar los servicios las agencias ya existentes para reconvertir el sistema y formar un organismo más autónomo y centralizado, tal y como prometió la primera ministra del país, Sanae Takaichi, durante la campaña previa a las elecciones, según informaciones del diario ‘The Asahi Shimbun’.
Hasta ahora, en el país cuenta con la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete (Naicho) –que funciona principalmente como un centro de análisis de información–, de la agencia de Inteligencia de Seguridad Pública –que depende del Ministerio de Justicia– y de la Inteligencia –encargada de recabar información de carácter militar–.
Esta nueva ley representa un primer paso en los planes para reforzar las capacidades de Inteligencia de Japón, lo que ha generado preocupación por el futuro de las libertades y derechos civiles, si bien la creación de este consejo nacional es clave en la agenda del Gobierno, que se ha comprometido a fortalecer las capacidades de contraespionaje como parte de la respuesta a los cambios geopolíticos mundial y a las crecientes amenazas en la región.
Esta medida, que ha salido adelante gracias al apoyo de algunos partidos de la oposición en la Cámara Alta, donde la coalición gubernamental carece de mayoría, supone paso importante a medida que Takaichi apuesta por sacar adelante, además, un sistema para registrar a supuestos agentes de gobiernos extranjeros que realizan actividades de espionaje. La primera ministra ha afirmado que el país necesita también una agencia de Inteligencia exterior.
Sin embargo, la nueva ley carece de disposiciones para que el Parlamento supervise las actividades de Inteligencia en cuestión, lo que deja sin resolver las cuestiones relativas a la monitorización, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas entre las principales filas de la oposición.
El miércoles, la Cámara Alta apoyó la legislación con el respaldo del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLDJ), su socio minoritario, el Partido de la Innovación de Japón (PJI), así como algunos partidos de la oposición, entre ellos el Partido Democrático para el Pueblo (PDPJ), Komeito y Sanseito.
El colíder del PJI, Fumitake Fujita, ha afirmado que la ley es «la primera y más importante para fortalecer las funciones de Inteligencia». No obstante, el Partido Democrático Constitucional de Japón se ha mostrado contrario a esta medida ante el temor de que se «politicen» las actividades de Inteligencia y se comentan «violaciones injustas» ante la falta de protocolos de control y actuación.
Sobre este asunto, Takaichi ha asegurado que planea elaborar un plan de acción a mediano y largo plazo para las actividades de Inteligencia, y ha afirmado que tiene la intención de «discutir medidas específicas para evitar infringir innecesariamente la información personal y la privacidad» de los ciudadanos.
