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El gobierno de Japón constituyó este lunes un panel de 15 expertos en diplomacia, defensa y economía encargado de revisar los documentos de seguridad nacional del país. La creación del grupo, anunciada por la primera ministra Sanae Takaichi en su despacho, se produce en un momento en que Tokio acelera el mayor rearme de su historia contemporánea para responder a lo que sus autoridades describen como el entorno de seguridad más severo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
“La situación internacional cambió por completo”, afirmó Takaichi. “El orden internacional relativamente estable de la posguerra fría se convirtió en cosa del pasado”. La jefa de gobierno instó a extraer lecciones de la invasión rusa de Ucrania y del conflicto en Medio Oriente para adaptar a Japón a nuevas formas de guerra que incluyen el uso masivo de drones y la perspectiva de conflictos prolongados. La revisión de la estrategia, dijo, es “un esfuerzo crucial que afecta al destino de Japón”. El panel deberá presentar recomendaciones para reformar la estrategia de seguridad nacional antes de finales de 2026.
La puesta en marcha del panel llega pocos días después de que el gabinete de Takaichi eliminara las restricciones que impedían a Japón exportar armamento letal. La medida fue bien recibida por Estados Unidos y otros aliados, pero generó protestas de grupos pacifistas y una reacción crítica de Beijing, que acusó a Tokio de apartarse del principio de autodefensa exclusiva. La nueva normativa abre la puerta a la venta de buques de guerra y misiles a los 17 países con los que Japón mantiene acuerdos de exportación de equipos militares.
Takaichi asumió la jefatura de gobierno en octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Japón. Protegida del ex primer ministro Shinzo Abe —artífice de la reorientación estratégica del país antes de su asesinato en 2022— aceleró desde el primer día los plazos del rearme y anunció en su primera semana la meta de destinar el 2% del PIB a defensa en la primavera de 2026, dos años antes de lo previsto. Ese objetivo ya se cumplió: el presupuesto del año fiscal 2026 ascendió a 9,04 billones de yenes (unos 58.000 millones de dólares), récord por duodécimo año consecutivo, dentro del programa quinquenal que prevé 43 billones de yenes en total entre 2023 y 2027.
La cuestión de Taiwán domina el trasfondo de la revisión. Takaichi declaró en diciembre que un conflicto en el estrecho representaría una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón. Sus declaraciones generaron tensiones con Beijing, que respondió con maniobras de portaaviones frente al suroeste japonés durante las cuales aeronaves chinas apuntaron sus radares a aviones de las Fuerzas de Autodefensa, gesto que Tokio calificó de grave provocación. En marzo, Japón desplegó en Kyushu misiles con alcance de hasta 1.000 kilómetros, suficientes para alcanzar territorio chino.
El rearme enfrenta límites estructurales. La Constitución de 1947 prohíbe en su artículo 9 el recurso a la guerra como instrumento de política exterior, y cada expansión militar debe presentarse como compatible con la tradición pacifista de la nación. A eso se suman las restricciones fiscales: Japón arrastra la mayor deuda pública respecto a su PIB entre las economías avanzadas —cerca del 240%— y el envejecimiento acelerado de su población presiona tanto el gasto social como el reclutamiento. El alcance real de la revisión estratégica que viene dependerá de cuánto margen logre abrir Takaichi en ambos frentes.
