Japón aprueba un proyecto de ley sobre ciberseguridad que permite vigilar comunicaciones

Japón aprobó este viernes un proyecto de ley sobre ciberseguridad orientado a neutralizar servidores enemigos en caso de ataques informáticos a infraestructuras críticas, que genera inquietudes de privacidad porque permite al Gobierno vigilar las comunicaciones digitales.

La llamada Ley de Ciberdefensa Activa, que se presentará en la sesión parlamentaria actual para su aprobación tras numerosos retrasos durante su concepción, busca dotar al Gobierno japonés de más capacidades preventivas ante ciberataques para equiparar su legislación al nivel de la de Estados Unidos o la Unión Europea, y en respuesta a los numerosos ataques sufridos en años recientes.

Según el borrador publicado por el Gobierno, la legislación gira en torno a tres puntos principales: el refuerzo de la cooperación público-privada, el uso por parte del Gobierno de información sobre los servicios de comunicaciones proporcionados por los proveedores de telecomunicaciones nacionales y la implementación de medidas para penetrar y neutralizar el servidor de un ciberataque.

De salir adelante, la ley permitiría a la policía neutralizar servidores enemigos, mientras que la unidad de ciberseguridad de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) podría intervenir por orden del primer ministro si se requiere su experiencia.

Entre las situaciones que justificarían la intervención militar se incluyen ciberataques altamente organizados por parte de una entidad gubernamental extranjera a ‘computadoras esenciales’, como podrían ser las que usan el Gobierno central o los locales, los operadores de infraestructuras básicas, las Fuerzas de Autodefensa o las tropas estadounidenses desplazadas en el país asiático.

La normativa también obliga a los operadores de infraestructuras críticas de 15 campos, entre ellos la red eléctrica, la de ferrocarriles, comunicaciones o servicios postales y financieros, a informar al Gobierno si sufren un ciberataque.

Las autoridades podrán penalizar a los entes que no denuncien los ataques informáticos, así como a los funcionarios que filtren información recopilada durante las actividades de vigilancia.

En virtud de la nueva ley, el Gobierno podrá vigilar ciertos aspectos de las comunicaciones entre Japón y países extranjeros si existe sospecha de ciberataque, aunque en principio el contenido de las comunicaciones seguiría siendo privado y la vigilancia se limitaría a información como las direcciones de protocolo de internet o los tiempos de transmisión y recepción.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha heredado este proyecto de su predecesor, Fumio Kishida, dado que la elaboración del proyecto de ley se ha visto retrasada por las inquietudes en torno a la privacidad y al hecho de si esta vigilancia gubernamental de las comunicaciones podría violar el artículo constitucional y la ley que protegen el secreto de las comunicaciones, así como la legislación que prohíbe el acceso no autorizado a computadoras. EFE