Japón advierte de que atraviesa una crisis fiscal “sin precedentes”

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El país sufre el mayor endeudamiento público de los países industrializados. Más de la mitad de los bonos están en manos del banco central.

El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, advirtió este lunes del deterioro “sin precedentes” que padece la salud fiscal del país debido, en parte, a la “respuesta presupuestaria ante la crisis del coronavirus y otros problemas similares”. La deuda pública nipona es más del doble de su producción económica anual, lo que convierte a Japón en el país industrializado que afronta una mayor presión. Las declaraciones de Suzuki llegan días después de que el banco central optase por mantener intacta su política monetaria ultraflexible y en un momento en el que la inflación ha alcanzado un tope sin precedentes en las últimas cuatro décadas.

En su intervención en la primera sesión parlamentaria del año en Japón, Suzuki enfatizó que las finanzas públicas “son la piedra angular de la confianza en un país” y destacó la necesidad de “garantizar el espacio fiscal suficiente para evitar que el bienestar de sus ciudadanos se vea socavado en momentos de emergencia”.

El endeudamiento público de Japón es el mayor entre los países del G-7 (Grupo de los siete países más desarrollados), y se ha visto agravado en el último año por la pandemia de covid-19 y por el aumento global de la inflación. En 2021 se situó en un 262,5% de su producto interior bruto (PIB), según datos del Fondo Monetario Internacional.

Más del 51% de los bonos de deuda pública de Japón está en manos del banco central. Durante años, el Gobierno se ha visto favorecido por el rendimiento de esos títulos en torno al 0%, pero, recientemente, los inversores en renta fija han estado presionando para recibir mayores incentivos. Contrario a las demandas de los inversores e, incluso, a las estrategias implementadas en Estados Unidos y la Unión Europea para contener la galopante inflación, el banco central nipón optó el pasado miércoles por mantener en el -0,1% la tasa de interés de los bonos a corto plazo y seguir aplicando una política de control de la curva de rendimiento, condicionando la fluctuación de la rentabilidad de los bonos a diez años en un rango máximo del 0,5%. Apostar por el alza de los tipos de interés incrementaría los costes de financiación del Estado.

Desde el Ministerio de Finanzas se estima que cada subida de un punto porcentual de los tipos de interés impulsaría el servicio de la deuda en 3,7 billones de yenes (26.129 millones de euros), hasta alcanzar los 32,5 billones de yenes (229.494 millones de euros) para el ejercicio fiscal 2025/2026. “El Ejecutivo se esforzará por administrar de manera estable la emisión de bonos del gobierno a través de una estrecha comunicación con el mercado”, declaró Suzuki. “La emisión general de deuda pública, incluida la renovación de bonos, se mantiene en un nivel extremadamente alto, con un valor aproximado de 206 billones de yenes [un billón de euros]. Redoblaremos los esfuerzos para mantener estable la emisión de bonos del gobierno”, agregó.

Una de las asignaturas pendientes de los ejecutivos japoneses durante la última década ha sido equilibrar las cuentas públicas, es decir, lograr un balance entre sus ingresos y sus gastos fiscales y los costes de financiar su deuda. A este respecto, el titular de la cartera de Finanzas reiteró en su intervención del lunes que el Gobierno de Fumio Kishida mantiene el objetivo de equilibrarlas para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2026.

En el discurso de apertura de la sesión parlamentaria, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, se hizo eco de la determinación de Suzuki de reactivar la economía y subrayó la necesidad de un ciclo positivo de crecimiento liderado por los beneficios empresariales y el consumo privado. “Las subidas salariales son la clave de este círculo virtuoso”, afirmó Kishida. El líder japonés ha mostrado recientemente su preocupación por el estancamiento de los sueldos ante el aumento de los precios y ha pedido a las compañías del país que revisen sus sistemas de remuneración. Siguiendo esta línea, Kishida también prometió impulsar la reforma laboral para crear una estructura que permita un crecimiento sostenible de los salarios para superar el encarecimiento del coste de la vida. La inflación en Japón se aceleró en diciembre al 4%, su tasa más elevada desde 1981. Kishida también se comprometió a impulsar las ayudas para el cuidado de los niños y a promover la inversión y la reforma en ámbitos como la transformación ecológica y digital.

Para el próximo ejercicio fiscal, que se inicia en abril, el Gobierno prevé aprobar un presupuesto récord de 114.380 billones de yenes (806.000 millones de euros), que incluye partidas adicionales para mitigar el creciente coste de las materias primas y la energía para particulares y empresas. El presupuesto también incluye un incremento del gasto militar, que Japón tiene previsto situar en torno al 2% del PIB en el próximo lustro, al nivel de los países de la OTAN, debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad regional ante el rápido avance armamentístico de sus vecinas China y Corea del Norte.

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