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Expertos de la ONU en derechos humanos instaron este miércoles al Gobierno de Singapur a detener la ejecución inminente del preso Rosman bin Abdullah, condenado a muerte desde 2010 por tráfico de drogas y el cual se ha probado que sufre discapacidad social y drogodependencia.
El reo, que lleva 14 años en el corredor de la muerte por traficar con 57,43 gramos de heroína, ya consiguió evitar en febrero de 2022 ser ejecutado al apelar su sentencia al Tribunal Superior, un recurso que fue denegado en marzo de ese mismo año.
Ahora, dos años más tarde, las autoridades singapurenses tienen previsto ejecutar al preso este próximo viernes en la que, de producirse, sería la octava ejecución realizada en Singapur en lo que va de año.
Ante esta situación, los expertos, entre ellos el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, instaron al Gobierno de Singapur a detener la aplicación de la pena capital ya que, advierten, «preocupa gravemente que no parezca haber tenido acceso a adaptaciones procesales» para su discapacidad durante su interrogatorio o juicio.
También recordaron que, según el derecho internacional, los Estados que aún no han abolido la pena de muerte sólo pueden imponer la pena capital a los delitos de extrema gravedad que impliquen homicidio intencional y que pueden considerarse como «más graves».
«Los delitos de drogas claramente no cumplen este umbral», advirtieron los expertos.
«Recurrir a este tipo de castigo para prevenir el tráfico de drogas no sólo es ilegal según el derecho internacional, sino que además es ineficaz, ya que no existen pruebas convincentes de que la pena de muerte contribuya más que cualquier otro castigo a frenar o prevenir el narcotráfico», añadieron.
Instaron a las autoridades de Singapur a detener la ejecución de Rosman y conmutar sus condenas a muerte por penas de prisión «acordes con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».
También les pidieron adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en relación con el consumo de drogas y los trastornos causados por éste.
Firman también el comunicado las relatoras de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; y sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng; así como los cuatro miembros del grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria. EFE
