Dudoso destino para la ley de amnistía de Tailandia por controversia de difamación monárquica

Este artículo se publicó originalmente en Prachatai, sitio de noticias independiente en Tailandia. Global Voices reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo de compartir contenido.

Tailandia va a presentar una ley de amnistía para casos con motivación política para atenuar dos décadas de conflicto político. Sin embargo, esto ha estimulado otro debate candente, en concreto, sobre casos de difamación real, en los que se acusa a la gente de romper las leyes de lesa majestad en Tailandia, que hacen ilegal criticar a la familia real. Varios partidos políticos buscan excluir los casos de difamación de la monarquía de las reformas de amnistía.

Un largo camino a la amnistía

Después de aproximadamente seis meses de deliberación, la Cámara de Representantes, que estaba estudiando una ley de amnistía, concluyó su informe y lo presentó al presidente del Parlamento en junio. Un análisis parlamentario del informe estaba programado inicialmente para el jueves 3 de octubre, pero se postergó.

Chusak Sirinil, el presidente de la Cámara y ministro delegado del gabinete, reveló que el análisis parlamentario del informe debía retrasarse por sugerencia de los partidos de coalición, ya que se necesita más debate para encontrar un denominador común entre la coalición y los partidos de oposición.

Se informó hace unos días que un socio de coalición, el Partido Nación Tailandesa Unida, se opuso firmemente al informe, dijo que faltan planteamientos claros sobre cómo lidiar con casos de difamación real. Mientras tanto, el partido insistió en que los casos de difamación real debían quedar excluidos de cualquier ley de amnistía.

El opositor Partido Popular no estuvo de acuerdo con retrasar el análisis del informe, argumentó que solo representa opiniones y propuestas para un borrador de la ley de amnistía, y que no hay necesidad de retrasar el análisis.

¿Por qué es importante la amnistía?

Según Abogados Thai por los Derechos Humanos (TLHR), desde el golpe de 2006, al menos 5027 personas han sido sancionadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Casi un tercio de estas sanciones ocurrieron entre el 18 de julio de 2020 y el 31 de enero de 2024. Durante este periodo, al menos 1947 personas recibieron sanciones en 1268 casos por delitos políticos, como resultado de ejercer sus libertades fundamentales; hay 216 casos que involucran a 286 menores de 18 años.

La ley intenta cubrir ofensas relacionadas con «actos con motivación política», que el informe define como acciones fundadas en ideas relacionadas con conflicto político o que buscan conseguir una meta específica durante un tiempo de conflicto.

El informe concluye que una ley de amnistía debería abarcar el periodo desde el 1 de enero de 2005 hasta el presente, que incluiría el movimiento Camisas Amarillas de 2005, el movimiento Camisas Rojas de 2010 y las recientes protestas masivas de 2020.

El informe sugiere que los casos se clasifiquen en tres categorías: casos mayores, casos menores y casos sensibles.

Los casos mayores incluyen todos los relacionados con seguridad nacional, traición, terrorismo, la ley de reunión, y la ley de delito informático. Por otro lado, los casos menores conllevan ofensas contra oficiales del Estado, así como delitos que incluyan daño a la vida y la integridad física. Los casos sensibles incluyen los casos de difamación real que se han convertido en un punto importante de disputa en Tailandia.

Disputa por casos de difamación real

La ley de difamación de la monarquía de Tailandia data de una época de monarquía absoluta. El golpe de 1976 marcó un punto de transición importante, cuando la penalidad de la ley subió de tres a 15 años de prisión, que la hizo una de las leyes de difamación real más estrictas del mundo. Este legado ha persistido hasta el presente. El uso de esta ley incrementó durante las protestas masivas de 2020 y continúan en aumento.

Según TLHR, a agosto de 2024, al menos 273 personas han enfrentado acusaciones por difamación real.

El informe de la Cámara muestra una diferencia en opinión sobre cómo encargarse de los casos de difamación real. Algunos miembros del Comité se oponen a la amnistía en todos los casos por difamación real, otros apoyan una amnistía pero con condiciones y una tercera parte apoya la amnistía incondicional.

Paiboon Nititawan, vicepresidente de la Cámara, argumenta que dar amnistía a los acusados en casos sensibles podría provocar más conflicto en la sociedad ya que mucha gente se opone. Le preocupa que una amnistía para los casos de difamación real podría debilitar la protección a la monarquía, y señala una resolución de la Corte Constitucional en el caso Partido Avancemos, que enfatizó que la monarquía está protegida por la Constitución y su protección no puede corregirse de ninguna manera «que no sea por el proceso legal y legislativo». Paiboon señaló que tal amnistía podría contradecir la Constitución y la resolución judicial.

Chaitawat Tulathon, miembro de la Cámara que apoya amnistía condicional para los casos de difamación real, insistió que dar amnistía para los casos de difamación real no es lo mismo que proponer una reforma de la ley. Enfatizó que muchas ofensas bajo la ley se pueden relacionar con expresión política.

También explicó que, con una amnistía condicional, un comité de amnistía podría establecer revisar casos individuales antes de que los acusados entrasen en un programa de amnistía con medidas para evitar reincidencia.

Un programa de amnistía podría dar un espacio seguro para el diálogo, y uniría al acusado, funcionarios estatales y otras partes relevantes para debatir los motivos y causas detrás de cada caso.

Por otro lado, Sasinan Thamnithinan, portavoz del Comité, defendió la amnistía incondicional, argumenta que muchos casos tenían motivación la política y que muchas acusaciones eran más exageradas y desproporcionadas que los actos en sí.

Además de las diferencias de opinión dentro del Comité, algunos partidos de coalición, como Nación Tailandesa Unida, Palang Pracharath, y Bhumjaithai, se oponen fuertemente a incluir los casos de difamación real en una ley de amnistía.

Mientras el debate continúa, la versión final de la ley de amnistía sigue incierta, dadas las diferentes perspectivas de varios partidos y la naturaleza altamente sensible de este tema.

Amnistía en la historia política tailandesa

Ha habido iniciativas para promulgar leyes de amnistía similares desde que Tailandia adoptó un régimen democrático con el rey como jefe de Estado en 1932. A lo largo de los años, al menos 23 leyes de amnistía se han presentado, 11 de las cuales absolvían juntas de militares del delito de derrocar gobiernos civiles con golpes. La razón más frecuente dada era la necesidad de reconciliación y armonía, pero muchas veces era diferente.

De las 23 leyes, se absolvió solo a quienes participaban en protestas masivas importantes que surgían de conflictos políticos, como el levantamiento de 1973 la masacre de Thammasat en 1976 y Mayo Negro en 1992. Cabe notar que ninguna ley de amnistía anterior se refería a los casos por difamación real.

Entre 2013 y 2014, la expresidenta Yingluck Shinawatra intentó promulgar una ley de amnistía, pero llevó a la caída de su gobierno. La ley propuesta buscaba abarcar a personas de ambos lados de los conflictos políticos, como Abhisit Vejjajiva, Suthep Thaugsuban, y su hermano, el anterior presidente Thaksin. Esto dio lugar a oposición de varios partidos, que incluyó simpatizantes de su propio partido, Pheu Thai. La entonces oposición del Partido Democrático acusó al Gobierno de usar la ley como pretexto para absolver a Thaksin, que estaba en el exilio en ese momento, y para preparar el camino para su regreso a Tailandia. El aumento del malestar hizo que el Ejército tuviera que contestar llamados de fuerzas antigubernamentales de extrema derecha para intervenir y tomar el poder.

La amnistía más reciente fue incluida en la Constitución provisional de 2014, hecha por la junta militar dirigida por el general Prayut Chan-o-cha, entonces presidente del Consejo Nacional por la Paz y el Orden. La amnistía abarcaba todas las leyes, violasen o no la Constitución, y se comprometía a seguir las siguientes órdenes o acciones relacionadas al golpe de 2014 por parte del Consejo Nacional por la Paz y el Orden.