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Las autoridades srilankesas y la comunidad internacional deben incorporar plenamente los derechos humanos a sus respuestas a la crisis económica de Sri Lanka —ha señalado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe—, un país cuya población, al borde de la inanición, la malnutrición generalizada y la más profunda probreza, se enfrenta a grandes problemas para acceder a la atención de salud.
El informe, titulado “We are near total breakdown”: Protecting the rights to health, food and social security in Sri Lanka’s economic crisis, (“Estamos llegando al colapso total”: La protección de los derechos a la salud, la alimentación y la seguridad social en la crisis económica de Sri Lanka) explora el catastrófico impacto que ha tenido la crisis en los derechos económicos y sociales de la población de Sri Lanka.
“Hace meses que la población de Sri Lanka sufre graves carencias de alimentos y grandes dificultades para acceder a la atención de salud, mientras que la inflación desorbitada ha agravado los esquemas de desigualdad ya existentes. Las autoridades srilankesas y la comunidad internacional deben actuar con rapidez para mitigar el gran coste en derechos humanos de la crisis, que ha privado cruelmente a la gente del acceso a sus derechos”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
El informe detalla las medidas de recuperación que los dirigentes de Sri Lanka y la comunidad internacional deben poner en marcha para salvaguardar los derechos humanos en sus respuestas a la situación, como por ejemplo aumentar el importe de la ayuda internacional, garantizar una protección social integral y estudiar todas las opciones de alivio de la deuda, incluida su cancelación.
Entre junio y septiembre de 2022, Amnistía Internacional entrevistó a 55 personas de todos los ámbitos sociales: personas con empleos precarios; otras que trabajaban a jornal; personas que trabajaban en la industria pesquera y en plantaciones; integrantes de la tamil malaiyaha, que probablemente sufra un especial impacto; personas que trabajan en la sanidad pública; miembros del personal de grupos de la sociedad civil, organizaciones humanitarias y ONG internacionales, y personas expertas.
