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Un tribunal de China condenó este martes al exjefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de China, Bi Jingquan, a 14 años de prisión por haber aceptado sobornos por unos 57,42 millones de yuanes (8,56 millones de dólares).
El Tribunal Popular Intermedio de Jinan, en la provincia oriental de Shandong, también impuso a Bi una multa de 5 millones de yuanes (745.000 dólares) y ordenó que sus ganancias ilícitas y los rendimientos derivados de ellas, ya recuperados, se entreguen al Tesoro del Estado.
El juzgado determinó que, entre 1995 y 2025, Bi se valió de sus altos cargos e influencia para ayudar a organizaciones y particulares en asuntos de gestión empresarial, aprobaciones gubernamentales y pagos de proyectos, a cambio de lo cual recibió ilegalmente dinero y bienes por valor de más de 57,42 millones de yuanes.
Tras la investigación, que comenzó en mayo de 2025 por sospechas de graves violaciones de la disciplina del Partido Comunista de China (PCCh) y de las leyes nacionales, se determinó que la conducta de Bi constituyó un delito de aceptación de sobornos y que la cuantía implicada era «excepcionalmente elevada».
Tras la investigación, que comenzó en mayo de 2025 por sospechas de graves violaciones de la disciplina del Partido Comunista de China (PCCh) y de las leyes nacionales, se determinó que la conducta de Bi constituyó un delito de aceptación de sobornos y que la cuantía implicada era «excepcionalmente elevada».
No obstante, la pena se redujo al tener en cuenta factores atenuantes como que Bi confesó sus delitos, reveló voluntariamente la mayoría de los casos de soborno que los investigadores no habían descubierto previamente o devolvió activamente sus ganancias ilícitas.
Bi, de 70 años, fue jefe de la entonces Administración Estatal de Alimentos y Medicamento entre 2015 y 2018, aunque anteriormente también ejerció como subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma – entre 2006 y marzo de 2008 – o como vicesecretario general del Consejo de Estado (Ejecutivo).
El exfuncionario ya había sido expulsado del PCCh y destituido de sus cargos públicos en diciembre de 2025, y formalmente procesado en abril de 2026.
Su condena se produce en medio de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012 y que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, incluidos dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales de sectores como el financiero, el tabacalero o el farmacéutico.
La Comisión Central de Inspección Disciplinaria, principal brazo anticorrupción del PCCh, llamó el pasado 22 de agosto a intensificar esa ofensiva y a reforzar la supervisión política, después de una primera mitad de año marcada por investigaciones y destituciones de altos cargos.
Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como «la mayor amenaza» para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE
