Chile avanza en un tendido submarino, bautizado Chile–China Express, que uniría su litoral con Hong Kong, una iniciativa manejada con baja transparencia que abre interrogantes sobre soberanía y protección de datos en América Latina.
A diferencia del cable Humboldt (Google + Desarrollo País) anunciado con cronograma y socios identificados, este proyecto aparece listado en la industria como “en progreso” con información escueta sobre financiamiento y condiciones.
El punto crítico, señalan fuentes del sector, no es solo tecnológico sino regulatorio: la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Nacional de China obligan a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia, lo que podría habilitar pedidos de acceso a información que circule por infraestructura operada por firmas chinas, incluso fuera del territorio continental.
La inquietud excede a Chile. Por la interconexión regional, tráfico de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podría enrutar por ese cable, exponiendo datos sensibles de millones de usuarios y de infraestructuras críticas.
Organizaciones como Safeguard Defenders ya documentaron, en paralelo, mecanismos de proyección extraterritorial de Pekín (p. ej., “estaciones de policía” para control de diásporas), lo que refuerza la lectura geopolítica del caso.
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