El nuevo primer ministro de Japón será elegido formalmente por el Parlamento el próximo 1 de octubre tras la celebración de las elecciones primarias del gubernamental partido Liberal Democrático (PLD), previstas para el 27 de septiembre y convocadas tras la dimisión del actual jefe de Gobierno, Fumio Kishida. Así lo han confirmado desde la propia formación, que cuenta con la mayoría en la Dieta de Japón y ha gobernado de forma prácticamente ininterrumpida durante décadas. Ahora, las encuestas de intención de voto apuntan a tres figuras políticas relevantes: la diputada conservadora Sanae Takaichi, el ex secretario general Shigery Ishiba y el hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, Shinjiro Koizumi. Sin embargo, son un total de nueve los candidatos que se presentan para suceder a Kishida, que dimitió en agosto como líder de la formación tras registrar unos niveles de aprobación mínimos como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. Kishida, que asumió el cargo hace tres años, en octubre de 2021, ha reivindicado no obstante sus «logros» durante su mandato, haciendo referencia a un aumento de los salarios y mejora de las inversiones, así como un mayor gasto en defensa y la celebración de la Cumbre del G7 en Hiroshima. «Estoy orgulloso de que hayamos podido lograr grandes resultados», afirmó tras anunciar su salida del cargo después de remarcar su posición de cara a una cooperación en «una sociedad internacional cada vez más dividida». Dado el dominio del PDL en el Parlamento, el ganador de la carrera por el liderazgo del partido, prevista para finales de septiembre, tiene prácticamente asegurado convertirse en el próximo primer ministro, ya que las elecciones generales no tienen por qué celebrarse antes de finales de 2025. El apoyo a Kishida se erosionó en medio de las revelaciones sobre los vínculos del PLD con la secta conocida como Iglesia de la Unificación, ya disuelta, desde el magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022 y más recientemente por donaciones políticas no registradas realizadas en fiestas de recaudación de fondos y que involucran más de 100 millones de yenes (unos 615.000 euros).