La Cámara de Representantes de Japón aprobó el martes un proyecto de ley para impedir la salida de los activos de la Iglesia de la Unificación, ante la creciente preocupación de que el controvertido grupo religioso intente ocultar sus fondos en el extranjero mientras se enfrenta a demandas de indemnización.
El proyecto de ley está diseñado para garantizar que habrá suficiente apoyo financiero para aquellos que han sido víctimas de las actividades del grupo, incluidas las agresivas solicitudes de donaciones.
A continuación se enviará a la Cámara de Consejeros, o cámara alta, allanando el camino para su aprobación antes de que finalice el actual periodo de sesiones del Parlamento hasta el 13 de diciembre.
Según la legislación, cuando se estudie una solicitud presentada ante un tribunal para despojar a un grupo de su condición de corporación religiosa y de sus beneficios fiscales, el grupo en cuestión deberá notificar con antelación a las autoridades del gobierno central o prefectural cualquier plan para deshacerse de activos.
Después de que la Iglesia de la Unificación recibiera duras críticas por sus solicitudes de donaciones y otras prácticas maliciosas, el gobierno solicitó en octubre al Tribunal de Distrito de Tokio una orden para disolver la rama japonesa de la iglesia con sede en Corea del Sur, llamada formalmente Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales.
Si el tribunal emite dicha orden, un liquidador dispondrá de los activos de la corporación religiosa, lo que permitirá a las víctimas reconocidas como acreedoras recibir una indemnización.
El proyecto de ley está diseñado para garantizar que habrá suficiente apoyo financiero para aquellos que han sido víctimas de las actividades del grupo, incluidas las agresivas solicitudes de donaciones
La rama japonesa ha dicho que planea destinar hasta 10.000 millones de yenes (68 millones de dólares) al gobierno para cubrir las probables indemnizaciones a los antiguos creyentes y sus familias por las donaciones forzosas.
Un grupo de abogados que apoya a las víctimas en Japón afirma que unas 130 personas han sufrido problemas económicos a causa de las donaciones forzosas del grupo religioso, y se calcula que el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios supera los 4.000 millones de yenes.
Sin embargo, los abogados creen que hay muchos más casos sin confirmar, por lo que el total podría ascender a unos 100.000 millones de yenes.
Las prácticas de la Iglesia de la Unificación acapararon la atención pública tras el asesinato a tiros del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, presuntamente a manos de un hombre que guardaba rencor a la iglesia por las cuantiosas donaciones realizadas por su familia.
Tetsuya Yamagami, acusado del tiroteo, declaró a los investigadores que su objetivo era Abe porque su abuelo, el ex primer ministro Nobusuke Kishi, ayudó a establecer la iglesia en Japón.