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Naciones isleñas, países asiáticos, científicos y muchas personas criticaron la aprobación de un ente organizacional externo de verter en el océano decenas de miles de litros de agua contaminada de la central nuclear Fukushima Dai-ichi. El plan para verter alrededor de 1,3 millones de metros cúbicos en un lapso de 30 años ha suscitado preocupación en las naciones del Pacífico debido al posible impacto negativo que podría presentar para su modo de vida y el ecosistema.
Gustavo Caruso, director de Coordinación de Seguridad en el Departamento de Seguridad Nuclear, Tecnológica y Física del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y director del grupo de expertos, apoyó el plan luego de su visita en enero de 2023 a las instalaciones de Fukushima para recibir información sobre el plan de desechar el agua contaminada. Como organización internacional, el OIEA afirma que promueve el “uso seguro y pacífico de la energía eléctrica”, esto incluye el desecho de residuos nucleares.
“La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón ha reunido pruebas de que sus planes para liberar el agua de la planta nuclear se ajustan a las normas de seguridad establecidas por el OIEA”, afirmó Caruso en un comunicado tras su visita. Según el comunicado del OIEA, “el OIEA tiene previsto publicar un informe completo antes de que se libere el agua (programada para 2023) que incluirá los resultados y revisiones del grupo de expertos sobre todos los aspectos de la situación”.
En marzo de 2011, un terremoto y un tsunami provocaron una catástrofe en la planta nuclear Fukushima Dai-ichi. Este evento hizo que se cortara la electricidad y que los generadores dejaran de funcionar. En consecuencia, los reactores no podían enfriarse y se produjo una fusión.
El agua para refrigerar los reactores, al igual que el agua subterránea bajo la central, se mezcló con materiales radioactivos. Así pues, desde 2011, esta agua se ha recolectado, tratado y almacenado en grandes depósitos en la central nuclear.
Desde 2021, la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO, por su nombre en inglés) ha estado preparando las infraestructuras para liberar de manera “segura” las aguas de Fukushima a través de un proceso llamado “Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos” (ALPS, por su nombre en inglés). Luego, en agosto de 2022, TEPCO anunció que instalaría infraestructuras para descargar el agua tras consultar con las autoridades japonesas y los lugareños. La empresa ha manifestado su compromiso de colaborar con todas las partes pertinentes para comunicar de manera transparente el razonamiento científico que subyace la liberación de las aguas:
No obstante, el secretario general de Foro de las Islas del Pacífico, Henry Puna, reiteró el rechazo regional de liberar las aguas de Fukushima en el océano Pacífico:
Por su parte, el Foro propuso algunas alternativas como “mantener el agua almacenada de forma segura hasta que disminuya la radioactividad, usar técnicas de biorremediación o utilizar el agua tratada en la fabricación de cemento para proyectos especiales”.
Henry Puna, secretario general del Foro: “Hemos descubierto que faltan detalles importantes y que existen dudas con el plan para liberar las aguas tratadas. En pocas palabras, necesitamos datos adicionales antes de que se apruebe el plan”.
Por otra parte, durante una conferencia que se llevó a cabo en la Universidad de Otago de Nueva Zelanda en noviembre de 2022, los participantes describieron el plan de Japón como una declaración de “violencia nuclear colonialista”:
Paralelamente, Noelene Nabulivou, representante de DIVA for Equality, habló en nombre de las organizaciones de la sociedad civil del Pacífico y pidió a las autoridades japonesas que tuvieran en cuenta la opinión de las comunidades del Pacífico:
A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticó la decisión de Japón de seguir adelante con su controvertido plan como «irresponsable» y «egoísta». La Asociación Nacional de Laboratorios Marinos de Estados Unidos expresó su preocupación por la «ausencia de pruebas científicas suficientes y fiables que respalden las afirmaciones de seguridad de Japón.» Además,
Robert Richmond, biólogo marino de la Universidad de Hawái (Manoa), subrayó que «existe un acuerdo generalizado a nivel mundial de que confiar en el océano como vertedero de residuos no es una solución viable a largo plazo».
