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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ordenó este viernes revisar la ley de ciberseguridad, en un intento del Gobierno por intensificar su respuesta ante la ola de ataques y filtraciones de datos de numerosas empresas e instituciones del país asiático.
Takaichi hizo estas declaraciones en una reunión de ministros en la que el Ejecutivo nipón presentó un paquete de medidas de emergencia elaboradas en medio de la creciente preocupación pública por la ciberseguridad, según informó la agencia de noticias Kyodo.
Entre las medidas anunciadas por el gabinete de Takaichi se encuentra el uso de la inteligencia artificial (IA) para identificar vulnerabilidades en los sistemas informáticos y la creación de varios equipos de expertos altamente cualificados.
Este paquete tiene como pilares el fortalecimiento de medidas básicas de seguridad mediante la IA, la mejora de recopilación y análisis de información, la adopción de un enfoque estratégico para responder a los ataques y el refuerzo de medidas para ayudar a afectados y prevenir daños mayores.
Ya a finales de octubre, el ministro de Economía, Ryosei Akazawa, informó de que Japón pondrá en marcha un equipo especial de ‘hackers’ que usarán la IA para protegerse de nuevos accesos no autorizados a sus sistemas, todo ello bajo el mandato de la Agencia de la Plataforma de Innovación (IPA, por sus siglas en inglés), dependiente de su cartera ministerial.
Estas medidas llegan mientras Japón sufre una oleada de ciberataques masivos que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos. El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales.
La ley sobre ciberseguridad, aprobada en mayo de 2025 y que entró en vigor el pasado 1 de octubre en medio del aumento de filtraciones masivas de datos, otorga a las autoridades acceso remoto a servidores y vigilancia de comunicaciones, con el fin de equiparar su legislación al nivel de Estados Unidos o la Unión Europea. EFE
