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La economía argentina exhibe en 2026 una paradoja que la teoría del desarrollo económico identificó hace más de medio siglo pero que la dirigencia local persiste en ignorar: el Producto Interno Bruto se expande al 3,4% anual, las exportaciones energéticas registran máximos históricos y el superávit comercial del sector hidrocarburífero alcanzó en marzo los US$ 1.090 millones, la cifra más elevada desde que se dispone de registros.
Simultáneamente, el empleo asalariado privado registrado acumula 300.000 puestos menos que en noviembre de 2023, la utilización de capacidad instalada industrial oscila en torno al 54%, y la informalidad laboral asciende al 43% de la fuerza ocupada. Estos indicadores no son contradictorios.
- Son la manifestación empírica de una distinción conceptual que constituye, probablemente, la contribución más relevante de la tradición estructuralista latinoamericana al pensamiento económico contemporáneo: la diferencia entre crecimiento y desarrollo.
Marco conceptual: una distinción que no es semántica
La economía convencional tiende a utilizar ambos términos de manera intercambiable, como si el incremento cuantitativo del producto constituyera, por sí mismo, evidencia de transformación estructural. La tradición que inauguraron Raúl Prebisch desde la CEPAL y que Rogelio Frigerio articuló como programa político en la Argentina de finales de los años cincuenta establece una diferenciación categórica. El crecimiento económico designa la variación positiva del PIB en términos reales: un país crece cuando produce más bienes y servicios que en el período anterior.
- El desarrollo económico, en cambio, designa un proceso cualitativamente distinto: la transformación de la estructura productiva hacia actividades de mayor complejidad tecnológica, mayor valor agregado por unidad de trabajo, mayor diversificación de la canasta exportadora y mayor capacidad endógena de generación de innovación.
Celso Furtado precisó esta distinción con una formulación que conserva plena vigencia: el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino una condición estructural que se reproduce a sí misma cuando la inserción internacional de una economía se sostiene sobre la exportación de recursos primarios sin procesamiento y la importación de bienes manufacturados y tecnología. Marcelo Diamand complementó el análisis con su concepto de estructura productiva desequilibrada, identificando la coexistencia de un sector primario competitivo a tipo de cambio bajo con un sector industrial que requiere un tipo de cambio más elevado para subsistir: una tensión irresoluble sin política industrial activa.
Lo que estos marcos teóricos anticipan es precisamente lo que Argentina experimenta hoy: crecimiento liderado por sectores primarios de alta productividad y baja intensidad laboral, combinado con contracción de los sectores manufactureros y de servicios que absorben empleo masivo. No se trata de una anomalía coyuntural. Es la consecuencia previsible de un patrón de inserción internacional que privilegia la dotación factorial estática por sobre la construcción deliberada de ventajas competitivas dinámicas.
La evidencia empírica: países que crecieron sin desarrollarse
La historia económica contemporánea ofrece casos suficientes para establecer la distinción con rigor empírico.
Venezuela experimentó crecimiento sostenido durante el superciclo de commodities 2003-2014, con tasas anuales que superaron el 10% en algunos ejercicios. Sin embargo, la concentración de la renta petrolera en transferencias fiscales directas, sin diversificación productiva ni acumulación de capacidades tecnológicas, configuró una economía de enclave radical: cuando el precio del barril descendió de cien a treinta dólares entre 2014 y 2016, la ausencia de tejido productivo alternativo desencadenó el mayor colapso económico de la historia latinoamericana moderna. El crecimiento acumulado de una década se evaporó en tres años, revelando que la expansión del producto no había modificado la estructura productiva subyacente.
- Nigeria, el principal productor petrolero de África, ilustra una variante particularmente instructiva: pese a décadas de ingresos petroleros que superaron los US$ 600.000 millones acumulados desde 1970, el país mantiene indicadores de desarrollo humano comparables a los de economías sin recursos naturales significativos.
La literatura especializada denominó este fenómeno «enfermedad holandesa» o, en su formulación más radical, «maldición de los recursos»: la abundancia de renta primaria aprecia el tipo de cambio real, encarece la producción manufacturera doméstica, y termina destruyendo el sector industrial que debería absorber empleo y generar complejidad productiva.
Arabia Saudita representa el caso de un país que, tras décadas de crecimiento sin desarrollo, reconoció explícitamente la insuficiencia de su modelo. El programa Visión 2030 parte de una premisa que los economistas desarrollistas latinoamericanos habrían suscripto sin hesitación: la renta petrolera es finita y volátil, y la única garantía de prosperidad sostenible es la diversificación productiva, la inversión en capital humano y la construcción de sectores industriales y de servicios capaces de competir internacionalmente sin depender del hidrocarburo. El reino invierte US$ 500.000 millones en transformación industrial precisamente porque comprendió que cuarenta años de crecimiento petrolero no constituyeron desarrollo.
La evidencia inversa: países que se desarrollaron deliberadamente
En el polo opuesto, los casos de desarrollo exitoso comparten una característica común que la ortodoxia económica suele omitir: todos fueron resultado de decisiones de política pública deliberadas, no de la asignación espontánea de recursos por mecanismos de mercado.
Corea del Sur exhibía en 1960 un ingreso per cápita inferior al de Bolivia y una canasta exportadora dominada por productos primarios de escasa sofisticación. En seis décadas, transformó su estructura productiva hasta convertirse en el sexto exportador industrial del mundo, líder global en semiconductores, construcción naval, electrónica de consumo y automóviles. La transformación no obedeció a ventajas comparativas estáticas sino a una política industrial activa de extraordinaria sofisticación: sustitución selectiva de importaciones en sectores estratégicos, inversión pública masiva en educación técnica y superior, protección temporal de industrias nacientes con condicionalidad de desempeño exportador, y una articulación explícita entre Estado, conglomerados empresariales nacionales y sistema científico-tecnológico. El modelo coreano refuta empíricamente la tesis de que la política industrial distorsiona la asignación eficiente de recursos: la distorsionó deliberadamente, en la dirección correcta.
Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte en 1969 y adoptó tres decisiones que la distinguen radicalmente de cualquier petro-estado: constituyó un fondo soberano de inversión intergeneracional que hoy administra más de US$ 1,7 billones, desarrolló una industria doméstica de servicios petroleros y tecnología de exploración que exporta conocimiento al mundo entero, y capturó la renta del recurso mediante un régimen tributario que financia infraestructura, investigación, educación y protección social. Noruega no es próspera porque tiene petróleo. Es próspera porque diseñó instituciones capaces de transformar petróleo en desarrollo.
Finlandia constituye quizás el caso más elocuente de escalamiento productivo deliberado. Transitó de una economía forestal a una economía del conocimiento no abandonando el sector primario sino utilizándolo como plataforma de complejización ascendente: de la madera a la celulosa, de la celulosa a la industria química, de la química a la electrónica, de la electrónica a los servicios digitales. Cada eslabón incorporó mayor contenido tecnológico, mayor valor agregado por unidad de trabajo y mayor capacidad de innovación endógena. La secuencia no fue espontánea: fue el resultado de una política de Estado que articuló inversión pública en I+D, formación de capital humano altamente especializado y cooperación estratégica entre universidad, empresa y gobierno.
Argentina 2026: la oportunidad y la inercia
La Argentina dispone hoy de condiciones que pocos países en desarrollo pueden exhibir simultáneamente: reservas energéticas no convencionales de clase mundial en Vaca Muerta, un sistema universitario público con capacidad de formación técnica y científica de alto nivel, un acervo de capacidades industriales acumuladas durante un siglo de manufactura — golpeado pero no extinguido —, recursos minerales estratégicos para la transición energética global, y un mercado interno de 47 millones de personas que, si recupera poder adquisitivo, puede constituir un motor de demanda para una reindustrialización selectiva.
Sin embargo, la arquitectura de política económica vigente reproduce con precisión el patrón que la teoría del desarrollo identifica como generador de crecimiento sin desarrollo: apreciación cambiaria real que abarata importaciones y encarece producción doméstica, concentración de la inversión en sectores extractivos de baja intensidad laboral, ausencia de política industrial que oriente la inversión privada hacia actividades de mayor complejidad, y desmantelamiento de instrumentos de promoción sectorial que, con todas sus imperfecciones, constituían mecanismos de diversificación productiva.
Las 8 inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en el sector energético son exclusivamente de extracción y logística de exportación. Ninguna contempla refinación, petroquímica, producción de fertilizantes ni manufactura de equipamiento.
El oleoducto VMOS, una obra de ingeniería extraordinaria, evacuará 550.000 barriles diarios hacia terminales de exportación. Crudo que será procesado en refinerías de Houston, Rotterdam o Singapur, donde el valor agregado — y el empleo calificado — se generará fuera del territorio nacional.
La pregunta no es si Argentina puede crecer. Evidentemente puede: los precios internacionales y la dotación de recursos lo permiten. La pregunta es si ese crecimiento se traducirá en transformación estructural, empleo de calidad, autonomía tecnológica y reducción de la vulnerabilidad externa. Los marcos teóricos disponibles y la evidencia comparada internacional sugieren que, sin intervención deliberada de política pública orientada a la industrialización del recurso natural, la respuesta es negativa.Crecer es una condición necesaria pero radicalmente insuficiente. Desarrollarse exige decisiones que ningún mercado toma por sí mismo: qué producir, cómo producirlo, para quién y con qué horizonte temporal. Esas decisiones son, en última instancia, políticas. Y constituyen la agenda pendiente más urgente de la Argentina contemporánea.
