La economía política de la verificación de hechos en Indonesia

En Indonesia, las iniciativas de verificación de hechos han evolucionado hasta convertirse en un campo diferenciado dentro de la práctica del periodismo. Aunque existen abundantes investigaciones sobre verificación de hechos en Indonesia, es necesario explorar esta práctica desde una perspectiva de economía política.

En diciembre de 2024, EngageMedia publicó un nuevo informe titulado: «La economía política de la verificación de hechos en Indonesia: Comprender el panorama, ampliar la crítica, superar las dificultades y garantizar la sostenibilidad a largo plazo». La presentación del informe en Yakarta, Indonesia, en colaboración con PSHK, facilitó un debate sobre las dificultades que enfrentan los verificadores de hechos, la dinámica de la desinformación y las complejidades que se esconden detrás a través de la lente de la economía política, y un análisis más profundo sobre las innovaciones que pueden realizarse para apoyar la sostenibilidad del modelo de negocio de la verificación de hechos.

El acto comenzó con una presentación de los principales resultados de la investigación, seguida de una mesa redonda y una sesión de preguntas y respuestas de un público compuesto por periodistas, verificadores de hechos, estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información.

Presentación de los principales resultados de la investigación de Irma Garnesia

Irma Garnesia, coautora del informe, planteó algunas conclusiones importantes relacionadas con la pertinencia de reconstruir la comprensión de la desinformación sobre la verificación de hechos y todas las dificultades e impactos de su labor en el panorama mediático indonesio a través de la perspectiva de la economía política. Según eso, la perspectiva de la verificación de hechos ya no es suficiente si sigue fija en la dicotomía de lo «incorrecto» y lo «correcto» para corregir el comportamiento individual, porque esto tiene el potencial de limitar el espacio cívico y la controversia del discurso político. La desinformación debe considerarse de forma multidimensional, lo que, en el contexto de la propaganda política, puede convertirse en una herramienta de autoritarismo digital.

Fenómenos como la «campaña Gemoy» durante las elecciones generales de 2024 ilustraron cómo la confusión informativa envuelta en operaciones de influencia, manipulación a través de las redes sociales para moldear e influir en las creencias individuales y el comportamiento de los votantes, encubrieron una serie de hechos problemáticos de los candidatos y lograron eclipsar el caso de las violaciones de los derechos humanos de 1998. Como resultado, la desinformación sobre la oscura historia de 1998 no llegó a la «generación TikTok». Surgió una pregunta digna de mención: ¿es esto lo que puede llamarse «información equivocada sin desinformación»?

La información equivocada también está estrechamente vinculada a las narrativas sociales de las personas, ya que los valores comunes influyen en su interpretación de la información. En esencia, la verificación de hechos desempeña un papel importante en la construcción de un ecosistema informativo sano, incluidos los esfuerzos de los medios por captar la atención y las percepciones del público sobre determinados grupos o personas y cuestionar las narrativas que circulan sobre esas personas.

El modelo de negocio de la verificación de hechos en Indonesia y su sostenibilidad

En la actualidad, los modelos de negocio que se basan en donaciones siguen dominando las iniciativas de verificación de hechos en el país. Gran parte de esta financiación procede de plataformas de medios sociales, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad y credibilidad de la verificación de hechos. Estos retos se ven agravados por el hecho de que muchos verificadores de hechos son autónomos que han cambiado de función desde otros temas o ámbitos periodísticos, y que pueden enfrentar limitaciones en la formación y el desarrollo de capacidades.

Si se profundiza en la ardua labor de verificación de hechos que no se ha integrado realmente en el periodismo y la industria de medios indonesios, un participante destacó las diferencias en la formación sobre verificación de hechos a nivel central y local. La formación ofrecida a nivel central a menudo no aborda los retos a los que se enfrentan los periodistas locales, como las presiones sociales, étnicas y políticas en sus respectivas regiones. La sostenibilidad de la verificación de hechos en Indonesia depende de la infraestructura que respalde su práctica, ya sea la financiación, la normativa o la capacidad de la mano de obra.

Verificación de hechos, autoritarismo digital y gobernanza de la información

En este caso, la panelista Sherly Hariestya planteó la importancia de mantener la transparencia entre los verificadores de hechos, dijo que el autoritarismo digital no solo procede del Gobierno, sino también de los acuerdos de marcas y de los donantes que apoyan las iniciativas de verificación de hechos. Mantener la credibilidad es fundamental, ya que el modelo de negocio de la verificación de hechos sigue dependiendo en gran medida de grandes empresas. Para mantener su responsabilidad como uno de los pilares fundamentales del fomento de un ecosistema de información saludable en Indonesia, entre otras medidas, los verificadores de hechos podrían demostrar abiertamente sus métodos de procesar la información y aclarar su categorización o los matices de las categorías erróneo-correcto.

Raden Violla, el segundo panelista, también destacó que, en el contexto de las elecciones, la gobernanza de la información y de internet en los espacios cívicos es realmente compleja. Desde un punto de vista normativo, las elecciones y Pilkada (elecciones locales o regionales) ofrecen mínima orientación sobre la regulación de la información durante el periodo electoral. Ciertamente, es importante reconocer que las campañas electorales y la difusión de información no tienen que ver únicamente con los candidatos y la disyuntiva «correcto» e «incorrecto», sino también con fomentar una educación política responsable. Especialmente en el contexto de Pilkada, la complejidad se intensifica con las dinámicas locales que deben tenerse en cuenta. Además, Violla observa que las iniciativas de verificación de hechos desde las elecciones hasta ahora siguen centradas en cuestiones que parecen ser las favoritas del público, y olvidan así otras cuestiones cruciales.

Investigar la credibilidad de la información y construir un ecosistema informativo saludable se ha vuelto cada vez más difícil, con la aparición de cuentas de redes sociales que parecen de confianza o verificadas en las plataformas de medios sociales, pero que en realidad no tienen un origen claro. La cuestión va ahora más allá de distinguir lo «correcto» de lo «incorrecto» para incluir revelar quién está detrás de la difusión de cierta información, qué patrones narrativos se utilizan y cómo ve e interactúa el público con estos relatos. Para lograrlo es necesario asignar recursos considerables, incluidos personal y fondos, pero también es preciso examinar hasta qué punto algunos donantes o plataformas de medios sociales pueden estar orientando a los verificadores de hechos hacia su conveniencia. Como si fuera poco, Violla también mencionó que se altera la información en el contexto de las elecciones políticas, pues la distribución de la información que circula en el público no es simplemente de cada candidato político, sino también de sus simpatizantes, como seguidores, influenciadores y otros.

Soluciones e ideas para construir un ecosistema de información saludable a largo plazo

Al plantear esto, se debe aplicar las normativas que consideren estas complejidades con cautela para evitar silenciar la esfera pública o socavar la libertad de expresión, lo que podría debilitar la democracia. Sherly subrayó la importancia de la colaboración entre diversas partes interesadas, como el mundo académico y el Gobierno, para mantener un espacio cívico digital seguro e inclusivo, además de considerar la cuestión del espacio cívico digital en el marco de los derechos humanos, concretamente como derechos digitales. La gobernanza de la información es ahora un problema estructural y sistemático que no puede resolverse únicamente retirando la información que «molesta al público».