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La Policía surcoreana anunció este viernes la apertura de una investigación contra el presidente depuesto Yoon Suk-yeol por presuntamente haber obstruido la ejecución de la orden de detención en su contra, la cual fue finalmente aplicada el 15 de enero, tras un primer intento fallido a comienzos de mes.
Las autoridades consideran que Yoon, quien fue inhabilitado por el Parlamento en diciembre tras declarar la ley marcial, intentó impedir su arresto a través del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS).
Según mensajes de texto recabados por la Policía, el mandatario ordenó al jefe del PSS, Kim Seong-hoon, bloquear el acceso de los agentes a la residencia presidencial en dos ocasiones: el 3 de enero y el 15 de enero.
El primer operativo fue frustrado tras un enfrentamiento entre oficiales de la fiscalía y agentes del PSS, quienes impidieron la entrada de la Policía a la residencia de Yoon. En el segundo intento, las autoridades desplegaron un millonario operativo policial, pero nuevamente se encontraron con una barrera humana formada por miembros del PSS, políticos aliados del presidente y centenares de simpatizantes congregados en el lugar.
Finalmente, el 15 de enero, las fuerzas de seguridad lograron acceder a la residencia y detener a Yoon, quien actualmente permanece bajo custodia en un centro de detención en Seúl.
Su arresto, autorizado por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, provocó protestas de sus seguidores, quienes irrumpieron en la sede del tribunal en rechazo a la decisión.
Juicio por insurrección y posibles nuevos cargos
Yoon está siendo juzgado por insurrección, el único delito por el cual un presidente en funciones puede ser procesado en Corea del Sur, y que conlleva una posible condena a cadena perpetua.
Además, enfrenta un juicio político en el Tribunal Constitucional, que en las próximas semanas deberá decidir si ratifica o no su destitución aprobada por el Parlamento. Si el Tribunal Constitucional confirma su destitución, Yoon perdería la inmunidad presidencial y podría ser procesado por obstrucción de la función pública, delito castigado con hasta cinco años de prisión según el Código Penal surcoreano.
Junto al presidente, varios altos funcionarios de su gobierno también fueron arrestados, incluidos el ministro de Defensa, el jefe de la Policía y varios comandantes militares, acusados de rebelión, abuso de poder y otros delitos.
La acusación sostiene que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon fue un intento ilegal de cerrar la Asamblea Nacional y arrestar a políticos y autoridades electorales.
El mandatario, sin embargo, ha defendido su decisión, argumentando que la medida fue “una advertencia temporal” a la oposición liberal y que planeaba respetar la voluntad de los legisladores si votaban a favor de levantarla.
La ley marcial fue revocada seis horas después de haber sido declarada, pero generó una fuerte crisis política, afectó la diplomacia de alto nivel y puso a prueba la estabilidad democrática de Corea del Sur.
En cuanto a su postura, Yoon se ha mantenido en una actitud desafiante, expresando su desprecio hacia sus adversarios políticos y respaldando teorías no verificadas sobre fraude electoral para justificar su decisión de imponer la ley marcial.
