Yakarta: el presidente Widodo reconoce las ‘violaciones de derechos humanos’ del pasado

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Jokowi enumeró 11 hechos violentos que ocurrieron entre 1965 y 2003, incluida la violencia contra los movimientos a favor de la democracia y la comunidad china, tras haber estudiado el documento elaborado por una comisión especial. Los activistas creen que si el gobierno fuera sincero debería ordenar una serie de medidas adicionales.

El presidente de Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, reconoció hoy como “graves violaciones de los derechos humanos” una serie de hechos ocurridos en el país en las últimas décadas desde los años sesenta, que calificó como un “período oscuro” de la historia contemporánea de Indonesia.

Según los historiadores, al menos 500.000 personas murieron en el período de violencia que comenzó a finales de 1965 con la toma del poder por parte del general Suharto tras un fallido golpe de Estado comunista. Al menos un millón de personas fueron encarceladas bajo sospecha de ser comunistas.

Tras estudiar los informes de una comisión especial creada el año pasado, «en mi calidad de jefe de Estado de Indonesia, reconozco que en nuestro país se han cometido muchas violaciones graves de los derechos humanos», dijo Jokowi, citando otros 11 hechos ocurridos hasta 2003.

A finales de la década de 1990 el gobierno de Indonesia, todavía encabezado por Suharto, había reprimido con sangre las protestas de los estudiantes que pedían el fin de los treinta años de gobierno del ex general. Muchos jóvenes fueron asesinados o secuestrados. En 1998 la violencia también se dirigió contra la comunidad china, la minoría más grande de Indonesia, acusada de acumular riqueza a expensas de los ciudadanos indonesios. También se han reconocido graves violaciones de derechos humanos en la conflictiva provincia de Papúa, que ha pedido reiteradamente la independencia para unirse con otras regiones de Papúa.

Garantizando que este tipo de hechos no volverán a repetirse, el mandatario expresó sus «condolencias y empatía por las víctimas y sus familias», cuyos derechos serán restituidos «de manera justa y sabia, sin negar la resolución judicial», con la esperanza de que «esta medida nos conduzca por el camino de la reconciliación nacional entre los ciudadanos, para que la fraternidad prevalezca en Indonesia».

Algunos activistas cuestionaron la sinceridad de las intenciones del presidente, ya que el fiscal general, encargado de investigar las violaciones de derechos humanos, en el ejercicio de sus funciones ha desestimado con frecuencia este tipo de casos. Andreas Harsono, investigador de Human Rights Watch, dijo: “Si el presidente Jokowi se toma en serio las violaciones de los derechos humanos del pasado, debería ordenar al gobierno que investigue los asesinatos en masa, documente las fosas comunes y encuentre a las familias de las víctimas, y también debería establecer una comisión para decidir qué hacer a continuación”.

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