Filipinas dice que accede a las demandas del TPI por «cortesía» ya que no es miembro de la corte

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El ministro de Justicia de Filipinas, Jesús Crispin Remulla, ha asegurado este miércoles que cumplen con la petición del Tribunal Penal Internacional (TPI) de entregar información sobre la controvertida política de guerra contra las drogas por «cortesía», ya que no hace parte de la corte desde 2019.

«Estamos haciendo esto como una cuestión de cortesía para informarles de lo que estamos haciendo sobre los problemas que se supone que debemos resolver nosotros por nuestra cuenta», ha asegurado el ministro Remulla.

«Filipinas ya no forma parte del TPI», ha recalcado Remulla, quien ha precisado que ante tal situación ese tribunal no les puede obligar a permitir la entrada en su territorio a sus investigadores. «Actualmente nosotros estamos investigando estos crímenes», ha dicho, informa el diario ‘Phil Star’.

«Tenemos un sistema de justicia existente que se caracteriza por nuestro estado de derecho. Si la decisión es retirarse del TPI, que así sea. Determinaremos la responsabilidad de las personas por nuestros propios medios. No nos detendremos. No dejaremos de investigar crímenes que ocurrieron en el pasado», ha prometido.

El país asiático salió en 2019 del TPI tras no ratificar el Estatuto de Roma, en plena campaña internacional contra la polémica guerra contra las drogas que inició el por entonces presidente filipino, Rodrigo Duterte.

Sin embargo, varios expertos judiciales sostienen que la salida de Filipinas del TPI en 2019 no afectaría a la jurisdicción del tribunal puesto que la mantiene sobre aquellos crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro.

El TPI concedió el 8 de septiembre como plazo para presentar informes sobre los posibles excesos que se habrían cometido durante aquella guerra contra las drogas impulsada por Duterte, cuyo gobierno solicitó un aplazamiento que no fue admitido por el fiscal jefe, Kharim Khan, que reanudó las investigaciones en enero.

El Gobierno filipino ha admitido más de 6.000 fallecidos como consecuencia de las polémicas redadas que hacían parte de su operaciones antidroga, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que la cifra podría real podría ser hasta cuatro o cinco veces más.

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