2021/09/15 Política

Corte Penal avala investigar guerra antidrogas en Filipinas

Filipinas
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Los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron el miércoles una investigación sobre la letal guerra contra las drogas de Filipinas, diciendo que esta “no puede verse como una operación legítima de aplicación de la ley”.

La exfiscal del tribunal, Fatou Bensouda, pidió permiso a los jueces a principios de este año para investigar la campaña del gobierno filipino.

Bensouda dijo que una investigación preliminar que inició en febrero de 2018 encontró “una base razonable para creer que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de asesinato” en Filipinas entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, cuando el país se retiró de la corte.

En un fallo escrito, los jueces que estudiaron el pedido de Bensouda encontraron una “base razonable para realizar una investigación” de las matanzas cometidas en Filipinas como parte de la guerra contra las drogas, que aparentemente constituyen un delito de lesa humanidad como lo define el estatuto fundacional de la corte. 

Según un comunicado de la corte, los jueces fallaron que “sobre la base de los hechos tal como se presentan en esta etapa y sujeto a una investigación cabal y mayor análisis, la llamada ‘guerra contra las drogas’ no puede verse como una operación legítima de aplicación de la ley, y las matanzas no son legítimas ni meros excesos de una operación de otro modo legítima”.

Añade que “el material disponible indica, según las pautas requeridas, que se produjo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil conforme a o en apoyo de una política de Estado”.

Al anunciar que Filipinas se retiraba de la corte, el presidente Rodrigo Duterte dijo que la campaña estaba “legítimamente dirigida contra señores del narco y vendedores que durante muchos años han destruido a la actual generación, en particular a la juventud”.

Más de 6.000 sospechosos de narcotráfico, en su mayoría pobres, han sido asesinados, según los pronunciamientos del gobierno, pero los grupos de derechos humanos dicen que el número de muertos es considerablemente más alto y debería incluir muchos asesinatos sin resolver perpetrados por hombres armados en motocicleta que pueden haber sido desplegados por la policía.

Duterte niega tolerar las ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes, aunque ha amenazado abiertamente de muerte a los sospechosos y ha ordenado a la policía que dispare a los sospechosos que se resistan peligrosamente al arresto.

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