2018/12/22 Política

Filipinas entre el terrorismo extremo y la guerra antidrogas

Filipinas
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Diciembre concluye para Filipinas con el cierre de un episodio doloroso de la guerra con Estados Unidos al arribar a la nación asiática las tres campanas de Balangiga, símbolos de una masacre.

Diciembre concluye para Filipinas con el cierre de un episodio doloroso de la guerra con Estados Unidos al arribar a la nación asiática las tres campanas de Balangiga, símbolos de una masacre.
Washington devolvió oficialmente los objetos que en 1901 confiscaron en Samar Oriental las tropas estadounidenses tras asesinar a más de dos mil 500 filipinos.
Sucesivas administraciones de Filipinas habían pedido la devolución de las campanas catalogadas como una herencia histórica del país, y Washington accedió después de que expirara en septiembre pasado una ley que prohibía el regreso de los objetos conmemorativos de la guerra.
Sin embargo, no es este el acontecimiento que marca el pulso del país. La controvertida y denominada guerra antidrogas del mandatario Rodrigo Duterte continúa y continuará atrayendo la mirada de la comunidad internacional sobre la nación asiática.
Con cerca de cinco mil fallecidos entre nacrotraficantes y consumidores, según fuentes oficiales, la redada en toda Filipinas está lejos de terminar.
En 2018 Duterte generó polémica por sus declaraciones abiertas sobre la guerra antidrogas y su rechazo a los detractores, principalmente los católicos.
Pese a que gran parte de la comunidad internacional recrimina sus métodos poco ortodoxos, lo cierto es que diferentes encuestas han situado a lo largo del año la popularidad de Duterte entre los filipinos en más del 60 por ciento. Del mismo modo, cuenta con un fuerte apoyo entre el pueblo en lo que se refiere a la campaña antinarcóticos.
La población confía en que Duterte puede traer orden y seguridad a una nación caracterizada anteriormente por altas tasas de delitos violentos y uso de drogas, una infraestructura inadecuada y la extensión de la pobreza.
En la actualidad, la posesión de marihuana se castiga en el país con penas que contemplan la cadena perpetua y multas que ascienden a los 10 millones de pesos (190.000 dólares).
Organizaciones internacionales de derechos insisten en que la cifra de muertos por las redadas de esta campaña superan los 15 mil y critican los asesinatos extrajudiciales que han acompañado la guerra antidrogas.
En noviembre pasado por primera vez tres agentes de la policía fueron condenados a 40 años de prisión por el asesinato de un estudiante de 17 años.
'El uso innecesario de la fuerza o violencia sin sentido no se justifica con el cumplimiento del deber como agentes de la ley', declaró en la sentencia el juez.
Además de la pena impuesta por el tribunal de primera instancia de Caloocan, distrito al norte de Manila, los tres agentes deberán pagar una indemnización de cinco mil 780 euros a la familia de la víctima.
Como parte de las redadas ocurridas desde 2016, la Agencia Local Antidrogas detuvo a más de 500 funcionarios gubernamentales, incautó miles de kilos de drogas, equipos para su fabricación por valor de 464 millones de dólares y desmanteló más de 250 laboratorios clandestinos.
Mientras avanza esta campaña en todo el país, Filipinas también se encuentra en un desafío por erradicar a los grupos terroristas extremos asentados al sur del país, en la isla de Mindanao.
Recientemente el Congreso aprobó la propuesta del presidente de prolongar por un año más la ley marcial vigente en esa zona desde mayo de 2017.
La ampliación de la disposición, que otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad, recibió el apoyo de 235 legisladores frente a 28 votos en contra y una abstención.

 

 

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